Soñando el fin del conflicto: Anhelos de paz en la palabra cantada desde el Pacífico afrocolombiano. Una lectura sociocrítica

Marlon Javier Méndez; Ferney Caicedo

Professor da Universidad de Caldas (Ucaldas, Manizales, Colômbia). Tem doutorado pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ, Rio de Janeiro, Brasil), mestrado em sociologia rural pela Universidad Autónoma Chapingo (UACH, Texcoco, México), mestrado em desenvolvimento rural pela Pontificia Universidad Javeriana (PUJ, Bogotá, Colômbia) e graduação em engenharia agronômica pela Universidad Nacional de Colombia (Unal, Bogotá, Colômbia)., Universidad de Caldas, Colombia , Professor da Universidad del Pacífico (UP, Buenaventura, Colômbia). Tem mestrado em sistemas de produção agropecuária e graduação em engenharia agronômica, ambos pela Ucaldas., Universidad del Pacífico, Colombia



Resumen

Ante la esperanza que actualmente brinda el proceso de paz llevado a cabo en Colombia, se analizan los anhelos de paz de las comunidades negras del Pacífico, región que aún sufre los embates de la guerra, debido a las disputas por el poder territorial entre múltiples grupos armados ilegales. Las respuestas se obtienen del análisis de tres textos musicalizados, vistos como instrumentos de expresión política y construcción de memoria y conciencia colectiva acerca del conflicto y sus consecuencias. Se concluye que la paz deseada, además de asociarse al fin de la guerra, se liga a la superación de otros tipos de violencia, como garantía de un buen vivir.

Received: 2018 November 7; Accepted: 2019 July 8

5638. 2020 ; 13(2)
doi: https://doi.org/10.17648/dilemas.v13n2.21520

Keywords: Palabras clave proceso de paz en Colombia, conflicto armado, paz integral, comunidades negras, tradición oral.
Keywords: Palavras-chave processo de paz na Colômbia, conflito armado, paz integral, comunidades negras, tradição oral.
Keywords: Keywords peace process in Colombia, armed conflict, integral peace, black communities, oral tradition.

Introducción

En Colombia, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), concretada en el 2016, brinda al país la oportunidad de avanzar hacia la paz. Ciertamente, culminar con la confrontación armada entre las fuerzas del Estado y este grupo guerrillero es un paso crucial en busca de “una paz lo menos imperfecta posible” (SANDOVAL FORERO, 2013, p. 122), avance que suma a la tarea de intervenir sobre otras violencias paralelas. Con el cese definitivo al fuego, es decir, con el fin de la confrontación directa armada con las Farc, trazar caminos que conduzcan hacia la erradicación de cualquier otro “tipo de violencia, de la cual la guerra es solo una manifestación más” (FISAS, 1987, p. 22), debería convertirse, en su complejidad, en una labor ahora más sencilla y deseada. Sin que se trate de un proceso simple, avanzar en la superación de otras formas de violencia, una vez rebasado la confrontación directa armada, sería el camino a seguir en la búsqueda continua de una paz más integral.

Afín a esta expectativa, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, FARC-EP y PAÍSES GARANTES, 2016), documento que contiene los pactos y compromisos de las partes, además de dar cuenta del fin de la confrontación directa, promulga la necesidad de transformar múltiples ámbitos de la realidad nacional. Circunstancias en general problemáticas y exponentes de diversas violencias, cuya resolución resultaría decisiva para alcanzar una paz de veras sostenible y garante de inclusión, justicia y equidad social.

En este sentido, como argumenta Calderón-Rojas (2016), el posacuerdo ha de entenderse como una fase que no culmina con el conflicto, sino que da comienzo a la búsqueda de dicha paz sólida y perdurable. En la medida en que la firma del acuerdo y la culminación de la violencia directa no acabarán por sí con el conflicto, redoblar esfuerzos en razón de una paz más integral constituye la clave del proceso. Definitivamente, actuar sobre las causas de la violencia y los soportes de la conflictividad será la base para una paz real y efectiva que evite reincidir en el conflicto (GRANADA, RESTREPO y VARGAS, 2009; UGARRIZA, 2013).

Al respecto, es prudente reconocer que los conflictos y la violencia en el país no son ni han sido siempre únicamente armados, es decir, de confrontación militar directa. Como apunta Sandoval Forero (2013, pp. 106-107), al hablar sobre las rutas para la paz en Colombia,

“Las violencias simbólicas y reales contra los indígenas, los afro, los campesinos y el género femenino; la expoliación de territorios ocupados por campesinos e indígenas para la extracción minera; la expropiación de tierras de campesinos e indígenas por parte del Estado y los terratenientes; la deforestación y la privatización de las riquezas hídricas nacionales; la exponencial corrupción de funcionarios públicos y la impunidad; la violación de los derechos humanos; la marginación y exclusión laboral, educativa y de género; la violencia contra la naturaleza”, entre otras, son formas existentes de violencia y conflicto sobre las cuales habría que intervenirse.

Esta noción amplia de violencia, con corte denunciatorio y moralista, da cuenta de las múltiples formas en que ésta se expresa, comunicando, a su vez, algunas de las causas que avivan y sostienen la guerra en el país. Situaciones a intervenir, integralmente, como estrategia de avance hacia una paz duradera y multidimensional.

Sumada a la anterior lista, centrando la atención sobre las falencias de la institucionalidad nacional, otra faz del conflicto es la existencia de una débil gestión pública que ahonda y reproduce la inequidad social (MENDOZA RAMOS, 2015). El desequilibrio en la inversión y el gasto en las regiones, la falta de gobernabilidad en los entes locales y regionales, la corrupción, las desigualdades en la calidad de vida entre las distintas zonas del país — prevalencia de regiones ricas y pobres — y entre un grupo étnico y otro, limitan alcanzar una paz global y duradera, acentuando los motivos que alimentan el conflicto.

En estas circunstancias, avanzar hacia la paz duradera, asunto asociado al incremento continuo del bienestar individual y colectivo de la población colombiana, implicaría intervenir sobre innúmeras variables. Salud, empleo, seguridad social, educación, acceso a activos productivos, salvaguarda de los derechos humanos, conservación del medio ambiente, entre otras, serían variables integradoras de una paz multidimensional. Es decir, una paz que revierta los múltiples hechos generadores de injusticia, bien sea estos de índole política, socioeconómica, cultural o ambiental, incluyendo los asociados a la ausencia de libertad y democracia (SANDOVAL FORERO, 2013).

Volviendo a la violencia armada, es preciso también tener en cuenta que, en el país, ésta adopta diversas modalidades y expresiones. Son formas en las que se entrecruzan y conectan violencia paramilitar, insurgente, criminal, mafiosa y narcotraficante, sin que se limite a la presencia de grupos beligerantes con reivindicaciones políticas (MCDONALD, 1997).

Actualmente, como actores principales, compartiendo escena con guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las disidencias de las Farc, se encuentran los grupos sucesores del paramilitarismo. Luego de su desmovilización del 2003 al 2006, los neoparamilitares o bandas criminales (Bacrim) hoy se instituyen como una de las principales amenazas a la construcción de la paz, la estabilidad política y la justicia social en el país (GUERRA CASTAÑEDA, 2016), compartiendo escenario y responsabilidad con los grupos guerrilleros persistentes en los territorios y ocupando los espacios liberados por las guerrillas desmovilizadas como resultado de los acuerdos de paz. Son organizaciones que, sucediendo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han pasado a ser hoy las coprotagonistas de distintas formas de economía criminal. Tráfico de drogas, personas, armas, combustible y productos de la minería ilegal, actividades extorsivas, secuestros, lavado de activos, formación de redes de corrupción al interior del Estado — corrompiendo gobernantes locales, regionales y nacionales, fuerza armadas y partidos políticos — y alianzas ilegales con la clase empresarial, hacen parte de su accionar delictivo (MEDINA GALLEGO, 2013; GUERRA CASTAÑEDA, 2016), constituyéndose en causantes de conflicto e inestabilidad social.

En síntesis, se trata de múltiples actores generadores de violencia, actualmente activos en la fase de posacuerdo, con incidencia en las distintas regiones de Colombia, a los que hoy se resta la figura de las Farc. Actores que, en medio del avance hacia la paz, continúan avivando la confrontación directa armada como un tipo de violencia aún prevaleciente.

En este punto es preciso tener en cuenta que, en Colombia, el conflicto armado es un proceso principalmente acentuado en áreas en las que prima la marginalidad social (BARRETO, 2014). Un fenómeno que, sin dejar de ser extensivo a la totalidad del país, se concentra, sobre todo, en franjas poblacionales excluidas y escasamente integradas al desarrollo, la democracia y la institucionalidad estatal, regiones en las que es más fácil la emergencia de focos de conflicto y violencia, incluyendo la instauración de organizaciones al margen de la ley (SALAS SALAZAR, 2016). En este escenario, amparados en la prevalencia de modelo que amplia y profundiza las fisuras entre centro y periferia, donde las asimetrías políticas, económicas y sociales están al orden del día, han surgido y se han posicionado esos múltiples grupos armados ilegales, marcando negativamente la vida de quienes habitan dichos territorios aquejados.

En el país, uno de los territorios altamente afectados es la región Pacífico. Situada entre el océano Pacífico y la rama occidental de la cordillera de los Andes, con una extensión aproximada de 900 km de longitud y una anchura que fluctúa entre los 50 y 180 km, comprende las zonas costeras de los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Poblada por aproximadamente un millón de personas en mayoría afrocolombianas (alrededor del 90%), población principalmente asentada en pequeños poblados ubicados al margen de la red de ríos que la cruzan, es una de las regiones económicamente más pobres del país (ESCOBAR, 2004; OSLENDER, 2004), aunque una de las más ricas del planeta en biodiversidad, motivo que la convierte en zona de interés para ecologistas y organizaciones ambientales (GALVIS APONTE, MOYANO TAMARA y ALBA FAJARDO, 2016).

Vista como una zona de contrastes, es decir, rica en biodiversidad y riqueza natural, pero concentradora de pobreza y condiciones de vida por debajo de las registradas en el resto del país, la región Pacífico es hoy un campo de conflicto y disputa. Desde finales del siglo XX y principios del XXI, distintos grupos al margen de la ley (guerrillas, paramilitares y, más recientemente, bandas criminales) luchan por el control del territorio y sus riquezas. Controlar la explotación minera y maderera, la producción de cultivos de uso ilícito, el procesamiento y el tráfico de drogas, todo en procura de beneficios económicos, enfrenta a los diferentes bandos en la lucha por el poder territorial (AGUDELO, 2001; ESCOBAR, 2004; GALVIS APONTE, MOYANO TAMARA y ALBA FAJARDO, 2016).

Actualmente, la Fundación Paz y Reconciliación (2018) ha identificado alrededor de 17 grupos armados ilegales en la región, unos con mayor poder bélico y de organización que otros, siendo los más poderosos el Clan del Golfo, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Oliver Sinisterra y el ELN. El Clan del Golfo, organización armada ilegal también reconocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), heredera de las estructuras paramilitares de las AUC, controla un alto porcentaje del negocio del narcotráfico en la zona. Junto con las Guerrillas Unidas del Pacífico, grupo conformado por desertores de las Farc, dirige en la región la producción de hoja de coca, el funcionamiento de los laboratorios para la fabricación de clorhidrato de cocaína y el tráfico de esta droga hacia Centroamérica y Norteamérica. Sumado a esta dinámica, el Frente Oliver Sinisterra, grupo que se autoconsidera un frente activo de las desmovilizadas Farc, es dueño de cultivos de coca y controla principalmente la producción y exportación de cocaína hacia el sur del continente, usando la frontera entre Colombia y Ecuador. Situación a la que suma el ELN mediante el cobro de impuestos a la producción, comercialización, vigilancia de cultivos y uso de las rutas hacia el exterior, estableciendo alianzas con narcotraficantes, con el fin de financiar la lucha armada ( Ibid.).

En medio de las disputas entre estos distintos grupos por controlar las rutas del narcotráfico, los habitantes del Pacífico, primordialmente los localizados en las áreas rurales ribereñas, son las primeras y principales víctimas. El pánico que produce estar en medio del fuego cruzado entre guerrillas, militares, paramilitares y narcotraficantes, el miedo de ser acusado por uno u otro grupo de ser aliado de la contraparte enemiga, el temor al reclutamiento, el secuestro y la presión por plegarse a los intereses de una de las partes, entre otros factores, provocan en la región desplazamiento forzado. Huir de las masacres, los asesinatos selectivos, la extorsión, la exigencia de colaborar con uno u otro bando, poniendo en riesgo la vida ante las múltiples represalias, es la alternativa para la población civil frente al conflicto acontecido en sus zonas tradicionales de vida.

En cifras, como resultado del conflicto armado, entre el 2006 y el 2015, de acuerdo con lo compilado por la Defensoría del Pueblo (2016), en la Región Pacífico se registraron 502.834 casos de desplazamiento forzado, lo que, en el periodo, representa el 19% de los casos de expulsión. Para el 2018, según lo anotado en el Registro Único de la Unidad de Víctimas del Gobierno Colombiano, de los cuatro departamentos del Pacífico fueron desplazadas 25.737 personas, lo que corresponde al 30% del total de casos registrados para la nación en dicho año.

Con todo, frente a la dureza del conflicto relatado, hoy existe la esperanza de avanzar hacia la paz. La desmovilización de las Farc, los actuales intentos de negociación entre el gobierno y el ELN, el fortalecimiento de las fuerzas armadas y policiales para combatir a las Bacrim, principalmente, permiten pensar en alcanzarla. Es en este contexto de esperanza donde surge la siguiente inquietud: más allá de las suposiciones genéricas que asocian la paz a la simple inactivación del enemigo, en medio del conflicto día a día experimentado, según sus propias versiones, desde su condición étnica y de habitantes pobladores de una zona socialmente vulnerable, ¿qué significa recuperar la paz perdida para los pobladores afrocolombianos del Pacífico? Responder esta pregunta, indagando sobre sus anhelos de paz, constituye el propósito del estudio realizado.

Marco metodológico: escuchando las voces de la gente del Pacífico

Escuchar las voces de los habitantes del Pacífico y dar respuesta a la pregunta planteada sugiere, como opción metodológica, escuchar las versiones por ellos mismos narradas. Elección sustentada en el reconocimiento de la tradición oral como principal fuente, en el Pacífico afrocolombiano, de expresión y forjamiento de memoria y conciencia colectiva (PEDROSA y VANÍN, 1994; OSLENDER, 2003).

Como recurso comunicativo, en las narraciones los pobladores expresan sus más diversos sentimientos y anhelos, las formas de producción y trabajo, su historia y sus formas cotidianas de vida. Relatan las condiciones materiales de existencia, la presencia de jerarquías y mecanismos de poder, la moralidad asentida y las maneras de pensar, guardando en la memoria la simbología de cada situación para ellos relevante (OSLENDER, 2005). Como recurso político, la tradición oral también es utilizada en la protesta social. Lo contado denuncia lo que a la comunidad hace daño, la problemática social afrontada, su versión de los hechos ante representaciones dominantes ( Ídem ), siendo lo dicho sobre a la violencia vivenciada lo que en esta oportunidad se decidió escuchar.

En el marco de la oralidad y sus múltiples formas de expresión, por su representatividad en la zona de estudio, una de éstas fue elegida eje de análisis: la palabra hecha canción. Se asumió como punto de partida que los textos musicalizados, vistos como instrumentos de elaboración social de memoria y conciencia colectiva, son una vía de acceso a la realidad vivida y percibida por quienes hacen uso de la palabra cantada. Estos son usados para reconstruir hechos o circunstancias de interés, para describirlos y dotarlos de sentido, al verbalizar y retratar los contextos de ocurrencia y las emociones a ellos asociados (SÁNCHEZ AGUIRRE, 2014). En la voz de los actores sociales, en este caso la gente del Pacífico, las canciones son un medio para exponer crítica e interpretativamente sus visiones y lecturas del mundo (HORMIGOS RUIZ y MARTÍN CABELLO, 2004). Un recurso para comunicar tanto la historia grupal e individual como la trama de relaciones sociales que moldean su existencia (DAVINI, 2008).

También se aceptó, a manera de premisas básicas, que “la música es un producto social” (MEGÍAS QUIRÓS y RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, 2002) y, como tal, está impregnada del contexto en el que tiene lugar. Que, como producción simbólica propia de un contexto social particular, un espacio geográfico y un momento histórico específico, la canción es factible de ser estudiada en sus relaciones con la realidad en que surge (LÓPEZ, 2013). Que la canción, como práctica comunicativa, “expresa algo que quiere ser comprendido”, convirtiéndose en fuente de interacción y diálogo “entre compositor, ejecutante y oyente” (HORMIGOS RUIZ y MARTÍN CABELLO, 2004). Que, como aporte al conocimiento de la realidad social, al investigador le corresponde reconstruir lo que se dice, lo que se conjetura y antagoniza sobre el mundo socialmente construido, aclarando los conflictos de una determinada época (ROBIN y ANGENOT, 1991). Que la época estudiada corresponde a la actual, momento en el que surgen textos musicalizados cantados por la gente del Pacífico, que hablan sobre tiempos de conflicto y violencia, en medio de un proceso de avance hacia la paz.

En un primer momento, el ejercicio consistió en hacer un barrido de las canciones alusivas a la violencia y el conflicto, compuestas e interpretadas por agrupaciones locales, cantadas y escuchadas actualmente en la región. Fiestas juveniles, celebraciones escolares, espacios comunitarios de encuentro, reuniones informales en la calle, todos amenizados con música y baile, fueron los sitios de escucha y recolecta. Esta labor fue realizada por el segundo autor, quien habita y ejerce su práctica profesional en la región Pacífico, durante el segundo semestre de 2016.

Una vez reunidas las canciones, 12 en total, guiados por la pregunta de investigación, se procedió a identificar las temáticas orientadoras y con más frecuencia presentes en las elaboraciones musicales. La lectura analítica permitió determinar tres categorías principales: la paz asociada a la superación del desplazamiento forzado; la paz asociada a la superación de la producción de cultivos de uso ilícito y sus consecuencias; y la paz asociada a la superación del desentendimiento estatal, visto como hecho generador de violencia estructural. En esta oportunidad, los resultados se presentan con base en tres canciones escogidas debido a su representatividad en función de cada una de las tres categorías de análisis propuestas. Estas son: “Volver allá”, “Coca por coco” y “Lo que siento”, textos musicalizados que plasman y permiten entrever lecturas y visiones compartidas acerca de los anhelos regionales de paz.

Aunque en el informe completo de la investigación la presentación de resultados se apoya en la cita de oraciones o estrofas extraídas de las 12 canciones, para efectos de este artículo se optó por basar el análisis en lo expuesto en las tres canciones elegidas. Se recurrió a ello con el fin de darle al lector la oportunidad de concentrar su atención en un número limitado de (tres) canciones, permitiéndole apreciar las letras en su totalidad, evitándole una lectura fragmentada de recortes provenientes de distintos textos, bajo el riesgo de perder de vista el contexto general que le otorga sentido a cada fragmento. Se asumió que escuchar las canciones completas, unido a seguir su presentación audiovisual, dada su disponibilidad en internet, permite al lector, además de percibir la estructura armónica y melódica de cada una de las tres canciones, aproximarse un poco al contexto social de producción y a los sentimientos transmitidos por los cantautores e intérpretes. Recurso igualmente utilizado para dar protagonismo a los sujetos sociales (la gente del Pacífico), en los videos reconocibles en su corporalidad, usando su voz y sus destrezas musicales como instrumentos de comunicación, acción acorde con la intención de los autores de humanizar un tanto la investigación social.

En su totalidad, se trata de canciones compuestas e interpretadas por agrupaciones locales y regionales que, con cierto detalle, dan cuenta del sentir de sus habitantes, en este caso el de ellos mismos — en su condición de originarios y pobladores locales —, sus familiares, amigos, vecinos y demás coterráneos. Son composiciones que, en mayoría, poco circulan en los circuitos comerciales de comunicación — medios en Colombia auspiciados por las elites de poder en alianza con sus propietarios o editores —, disponibles en plataformas virtuales de libre acceso y amplificadas en emisoras y canales comunitarios o alternativos, que optan por dar más protagonismo a las versiones de la realidad contadas por sus propios habitantes desde adentro. En general, se trata de medios que valoran este tipo de elaboraciones musicales, asumidas y presentadas como expresiones legítimas del sentir popular.

Una vez definida la muestra su procedió a explicar y comprender lo expuesto en cada canción, correlacionando lo allí dicho con lo acontecido en el contexto sociopolítico nacional, es decir, a dar relieve a las tensiones históricas y sociales que dan sentido al discurso denunciante y emancipador contenido en cada texto (LAMPIS, 2018). Se asume que lo plasmado en las canciones permite reconstruir tanto las angustias y deseos de un grupo social particular (ÁVILA y LINARES, 2010), en este caso los habitantes del Pacífico afrocolombiano agobiados por la guerra y otros tipos de violencia, como las peculiaridades del momento sociohistórico que le otorgan sentido y valor a sus palabras (CROS, 2009).

En esta línea, a continuación se presentan los resultados del análisis de las tres canciones seleccionadas, dando con ello respuesta a la pregunta orientadora. Dada la importancia de la sonoridad en la palabra cantada, se sugiere a los lectores seguir las letras transcritas escuchando las canciones y viendo los videos disponibles en la plataforma YouTube.

La paz como facultad de legítimo retorno

En el contexto del conflicto interno, el desplazamiento forzado ha constituido una estrategia de guerra usada por los distintos actores armados para desocupar y controlar territorios considerados de interés geoestratégico y económico. Mediante asesinatos, amenaza, secuestros, reclutamiento, destrucción de viviendas y cultivos, abuso sexual a mujeres, entre otras tácticas, los pobladores de las regiones afectadas son amedrantados y obligados a salir (VALLEJO, 2005). Huir, dejar su casa, su tierra, sus cultivos, es el camino que les queda para proteger sus vidas. Ante estas circunstancias, poder regresar en condiciones dignas y de paz constituye uno de los principales anhelos, deseo reiterativamente expuesto en la palabra cantada:

Por culpa de la violencia/del conflicto armado/tuve que dejar mi tierra/y ahora soy desplazado/Somos hombres y mujeres/adultos, jóvenes y ancianos/que extrañamos nuestra vida/allá en el campo que amamos/Queremos volver allá/poder regresar/a mi tierrita querida/que tuve que abandonar/Queremos volver allá…Las comunidades negras, palenqueras, raizales/nos den la oportunidad/para sembrar y pescar/Reclamar nuestros derechos/es todo lo que queremos/para llegar a nuestra tierra/y vivir como debemos/Queremos volver allá/poder regresar/a mi tierrita querida/que tuve que abandonar/Queremos volver allá…Queremos las garantías/para poder regresar/el derecho que tenemos/toda la comunidad/Que no quede en un papel/esos decretos y leyes/que lo que nos garantizan/se cumpla como se debe/Queremos volver allá/poder regresar/a mi tierrita querida/que tuve que abandonar/Queremos volver allá…Desigualdades sociales/no deben predominar/equidad e igualdad/para nuestra sociedad/Queremos volver allá/poder regresar/a mi tierrita querida/ que tuve que abandonar/Queremos volver allá…/A mi tierrita querida/que tuve que abandonar/Poder cantar y soñar/para yo vivir feliz/para sembrar y pescar/que tuve que abandonar (EL LLAMADO..., 2014).

Para las comunidades desplazadas, poder regresar a la tierra propia, a la tierra que aman, significa recuperar sus vidas. Aquellas vidas transformadas al convertirse en víctimas de la violencia y, más específicamente aún, en migrantes internos o desplazados. Una condición adquirida a la fuerza, que se sobrepone a la original: ser campesinos, agricultores familiares, pescadores en su tierra. Dejar atrás esa figura que los estigmatiza (ser desplazado) y recuperar sus referentes de identidad hace parte de la paz anhelada. En este sentido, avanzar hacia la paz significaría tener la posibilidad real de retornar de la ciudad al campo del que tuvieron que huir. Una ciudad que los acoge, que pasa a ser su sitio de refugio, aunque no siempre apta para recomenzar y restaurar una vida.

Par la población desplazada, construir una nueva identidad social en un medio urbano poco conocido y hostil suele ser un camino adverso y dramático (GANDULFO, 2006). Respecto a la estigmatización, en las ciudades, los desplazados suelen ser calificados de guerrilleros, informantes o paramilitares, gente que, al traer consigo un historial de violencia, es por sí generadora de violencia (BELLO, 2002). Gente que, además, como señala la misma autora, viene a usurpar los ya por sí escasos bienes y servicios urbanos. Personas que mendigan ayuda, a los que el Estado ha de mantener sin que trabajen o hagan algo productivo (HERRERA NÚÑEZ, 2013). Ciudadanos de tercera categoría, a quienes infundadamente se tilda de marginales, desocupados, analfabetas y peligrosos (AGUDELO, 2001).

Haciendo una lectura contextual, sería justamente deshacerse de ese estatus, en esencia lleno de prejuicios y creencias negativas, lo que para ellos analíticamente significaría volver a vivir en paz. Dejar de autoreconocerse y ser reconocidos por otros como desplazado — “ahora soy desplazado” (EL LLAMADO..., 2014) —, para volver a ser reconocidos por lo que antes eran y hacían — regresar para “sembrar y pescar” ( Ídem ) —, recuperando el carácter de campesinos-pescadores-agricultores en su tierra. Contexto en el que no solo se anhela regresar al terruño como tal, sino también volver a ser y hacer lo que, como habitantes rurales, situadamente les otorga identidad y reconocimiento social.

Estar nuevamente en su tierra y recuperar allí, en su espacio físico-social de vida, el prestigio, el reconocimiento y los roles social e históricamente construidos representaría volver a ser lo que realmente son: campesinos, agricultores, pescadores, roles que en la cotidianidad se cruzan con los de trabajadores, líderes sociales, miembros de “comunidades negras, palenqueras y raizales” ( Ídem ), portadores de una historia común y una amplia riqueza cultural que los vincula directamente al territorio ancestral. Connotaría dejar de ser, homogéneamente, sin ningún otro tipo de distinción, apenas víctimas del conflicto armado: actores en masa socialmente reconocidos por su condición de desarraigo, despojo y expulsión violente de sus territorios, reconocimiento que enmascara lo que son y fueron antes de la huida forzada (BELALCAZAR BENAVIDES, 2008).

En síntesis, es un deseo de paz que, así no esté textualmente descrito en la canción analizada, emerge del diálogo implícitamente establecido entre interprete, compositor y oyente (HORMIGOS RUIZ y MARTÍN CABELLO, 2004). Acto en el cual lo que la canción expresa, en este caso el lamento por la nueva condición — “ahora soy desplazado” (EL LLAMADO..., 2014) —, remite al oyente informado a asumir una postura crítica y de solidaridad con los otros, quienes cantan sus historias y expresan sus sentimientos, alrededor de una realidad nacional: la tendencia a disminuir a quienes migran forzadamente del campo a la ciudad a la condición de desplazados. Es una categoría que, al ser genéricamente concebida y aplicada, desconoce sus historias particulares de vida, así como sus muy diversos orígenes, antecedentes y referentes iniciales de identidad en relación con el ser y el hacer.

En este contexto, recuperar la paz también significaría recobrar la forma original de vida en sociedad: la vivenciada en el campo que se ama, extraña y valora, sentimientos fortalecidos, sobre todo, luego de la experiencia de vivir en la ciudad en condición de desplazados. Como mencionan Gomez Builes, Astaiza Arias e Minayo (2008, p. 1650), en Colombia, los migrantes forzados que llegan a las ciudades en busca de refugio encuentran en éstas un espacio adverso y con recursos limitados para reconstruir sus vidas. Casi inevitablemente, adultos, jóvenes y ancianos, sin diferencia de género, entran a hacer parte de la población urbana marginal, bajo condiciones de pobreza e indigencia (LUQUE REVUELTO, 2016).

Reasentados en las ciudades, ellos, los afrocolombianos del Pacífico, pasan a ser gente sin territorio. Derechos, ritmos de vida, imaginarios colectivos, formas de relación con el entorno y la naturaleza, redes comunitarias de apoyo y tejidos sociales construidos a lo largo del tiempo son dejados forzadamente atrás (ALMARIO, 2004). En este escenario, poder regresar al campo, para vivir allá “la vida que extrañamos” (EL LLAMADO..., 2014), es decir, la vida experimentada en tiempos de no violencia armada, así continúen persistiendo otros tipos de violencia estructural, sería una forma por lo menos parcial de reconciliación con la existencia. Estar nuevamente en su territorio, un sitio propio en donde se es libre para sembrar y pescar, sin necesidad de mendigar o depender de la asistencia social o humanitaria recibida en las ciudades, representaría redimir la pretendida paz.

Legalmente, se trata de territorios sobre los cuales las comunidades negras rurales del Pacífico tienen derechos colectivos. Donde éstas, organizadas en consejos comunitarios, son responsables, según la ley, de regular el usufructo de las tierras asignadas, velar por el uso sostenible de los recursos naturales y fortalecer la identidad etnocultural. No obstante, como señala Oslender (2004), lo que en primera instancia parecería un significativo avance en la legislación, con el conflicto armado apenas ha sido una ganancia inconclusa. A pesar de que el Estado les ha reconocido la propiedad colectiva de la tierra y la posibilidad de autodeterminación en relación con su uso, el conflicto les ha impedido ejercer plenamente sus derechos (ECHAVARRÍA RENTERÍA e HINESTROZA CUESTA, 2016). El desplazamiento, fenómeno que destierra a los líderes del territorio, ha favorecido que sean los grupos armados quienes impongan las reglas, hecho que niega a la población local el derecho a la autonomía, al reprimir la organización social y vulnerar la reclamación de derechos (APONTE y BENAVIDES, 2016): “reclamar nuestros derechos [sobre la tierra]/es todo lo que queremos/para llegar a nuestra tierra/y vivir como debemos” (EL LLAMADO..., 2014).

Ante estas circunstancias, el llamado a que “no queden en papeles esos decretos y leyes” ( Ídem ) hace parte de la idea soñada de paz: la posibilidad de retornar a sus tierras con garantías suficientes para el ejercicio pleno de sus derechos territoriales. Añoranza surgida en un contexto en el que, para las comunidades afrocolombianas, la garantía del derecho al territorio, más allá de la simple tenencia o propiedad de la tierra, es salvaguarda de su étnica, cultura y formas tradicionales de vida (CORONADO DELGADO, 2006).

En este contexto, poder vivir en armonía con el ambiente natural, acción lograda mediante la puesta en práctica de la cultura y las formas ancestrales de existencia, como se expondrá a continuación, también hace parte de la paz deseada.

La paz como derecho a producir para la vida

Como es abiertamente proclamado por las comunidades negras organizadas del Pacífico, su territorio, más que una simple circunscripción político-administrativa, es un espacio de vida. Un hábitat donde la gente negra desarrolla su quehacer junto con la naturaleza. Una unidad ecológico-cultural socialmente construida a partir de sus prácticas económicas y socio productivas cotidianas: agricultura, caza, pesca, recolección, extracción tradicional de madera y oro (ESCOBAR, 1999), actividades fundadas en la aplicación de lógicas ancestrales que han permitido hasta hoy, aunque con limitaciones, la conservación ecológica y sociocultural del territorio (QUINTERO ÁNGEL, 2015).

En particular, una de esas limitaciones ha sido el conflicto armado, flagelo regionalmente asociado a la producción de cultivos de uso ilícito. Las características biogeográficas de la región Pacífico, así como su posición geoestratégica como frontera marítima, la han posicionado como un sitio ideal para la siembra de cultivos de coca y el tráfico de drogas, operaciones ampliamente disputadas por los grupos ilegales sustentadores del conflicto (PARRA y RESTREPO ANGEL, 2014). Como documenta Salas Salazar (2015), no es eventual que los territorios colombianos en los que la confrontación armada suele ser más intensa coincidan con aquellos de mayor concentración de cultivos de uso ilícito. Espacios cuyo control garantiza la movilidad y la funcionalidad de las estructuras armadas, así como la entrada y salida de armas y productos necesarios para el procesamiento de pasta de coca, de los que a la fuerza se expulsa a los habitantes nativos no dispuestos a someterse a las lógicas de la ilegalidad y la guerra.

En este escenario de sometimiento y zozobra, las prácticas extractivas y de producción agrícola ancestrales son vigorosamente socavadas, debido a la irrupción de los cultivos de uso ilícitos. Hecho social que, al quebrantar el equilibrio ecológico-cultural, distorsiona la dinámica de las localidades implicadas, en detrimento de la paz deseada y otrora experimentada, situación de la que da cuenta la siguiente narrativa:

Se pusieron a talar todo el bosque/para un producto nuevo sembrar/se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepa e pan/Y trajeron gente de otros lugares/para que los vinieran a asesorar/Hoy en lugar de coco se cosecha coca/y en lugar de amores hay enemistad/En lugar de guacuco se come bazuco/y en lugar de guarapo marihuana dan.Y como consecuencia de esos malos cambios/en nuestro paraíso se acabó la paz (bis).No hay hombres pescadores sino hombres pescados/que aparecen muertos por cualquier manglar/Con la lengua afuera y dedos cortados/porque dijo algo que era de guardar/Irreconocibles porque les echaron/químicos que usan para procesar/Y como consecuencia de esos malos cambios/en nuestro paraíso se acabó la paz.En vez de chontaduro marihuana dan/En vez de chontaduro, ñame y pan/En vez de chontaduro marihuana dan/Sufro tanto por eso y mi llanto…/En vez de chontaduro marihuana dan/Más allá, más allá de la tierra, del sol y el mar/En vez de chontaduro marihuana dan /Dame de esa piel para que no cometa una imprudencia/En vez de chontaduro marihuana dan…Es la inconciencia de la gente que no piensa en un futuro/En vez de chontaduro marihuana dan/Se van metiendo en un camino triste y oscuro/En vez de chontaduro marihuana dan (HERENCIA..., 2015).

En el contexto descrito, para las comunidades del Pacífico, recobrar la paz perdida implicaría recuperar el derecho a producir para la vida, es decir, a volver a ejercer su autonomía en referencia a decidir qué y cómo producir: a hacerlo siguiendo un modelo de convivencia armónica con el entorno natural, en vez de uno violentamente impuesto que los involucra con la guerra y la ilegalidad.

En primera instancia, “talar todo el bosque” ( Ídem ) para sembrar coca ha significado una ruptura crucial con su modo tradicional alimentario de vida. Cultivar, cazar, pescar, extraer sosteniblemente de la naturaleza el alimento requerido por las familias son actividades hoy menoscabadas. Para los habitantes del Pacífico, dejar de “plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepa de pan” ( Ídem ), reemplazando estos productos por otros no alimentarios de uso ilícito, ha significado poner en vilo su seguridad y soberanía alimentaria. En la medida en que, de productores de alimentos, han pasado a ser cultivadores de hoja de coca, las frutas y verduras no producidas localmente cada vez más tienen que ser importadas del interior del país y adquiridas por las comunidades en las plazas, a precios generalmente muy altos (CAICEDO, 2012). Situación de desabastecimiento a la que se suma la paulatina pérdida del conocimiento ancestral acerca de cómo producir comida.

En un contexto dominado por la economía ilegal armada, verse obligado a sembrar coca, un cultivo exógeno que no hace parte de la tradición productiva de las comunidades afectadas (ALMARIO, 2004), es una situación común para los pobladores del campo.

Bajo riesgo de ver destruidos sus cultivos, ser intimidados o tildados de colaboradores de las autoridades estatales, hecho sancionado por los grupos al margen de la ley con el asesinato o el desplazamiento forzado, la voluntad de los productores es coartada, viéndose obligados, bajo alta presión, a entrar al juego de la economía ilegal: a cambiar la producción de coco por coca. Bajo amenaza de “aparecer muerto en cualquier manglar” (HERENCIA..., 2015), dejar a un lado la actividad tradicional y sucumbir a la dinámica impuesta por la ilegalidad y la guerra suele ser, para los pobladores rurales del Pacífico, el camino impuesto a seguir. Inclusive, quienes resisten, ante el aumento de los costos de los alimentos, el transporte y la mayoría bienes de consumo básico, precios distorsionados por el flujo de dinero proveniente de la economía ilícita, suelen claudicar y, por necesidad económica, abandonar la idea de mantenerse al margen de la coca (CAICEDO, 2012; CARRILLO GONZALEZ, 2014).

Ante esta realidad, recobrar la paz significaría tener la posibilidad de decidir libremente qué producir, ganar de nuevo autonomía alimentaria, volviendo a sembrar para el autoconsumo y el abastecimiento local; sobre todo, recuperar su economía y su modo pacífico y tradicional de vida.

Sin desconocer que el cultivo de coca ha tenido un significativo efecto sobre el aumento del ingreso de los productores, elevando su capacidad de consumo e incentivando, con ello, el crecimiento de los sectores de comercio y servicio (SERRANO, 2014), los habitantes rurales del Pacífico han tenido que asumir sobrecostos que rebasan los beneficios adquiridos. Perjuicios principalmente asociados al detrimento del ambiente, el abandono de los sistemas tradicionales de producción y a su criminalización por dedicarse a la economía ilegal.

La acelerada expansión de los cultivos ilícitos ha traído consigo la deforestación de áreas de bosque y manglar, la extinción de especies endémicas de fauna y flora, la pérdida de cobertura vegetal, la contaminación de suelos y aguas superficiales por el uso intensivo de agroquímicos e insumos para el procesamiento de base de coca (PARRA y RESTREPO ANGEL, 2014). Efectos a los que se suman los impactos de las fumigaciones llevadas a cabo por la policía antinarcóticos, que afecta sin distinción cultivos lícitos e ilícitos, personas, animales y entorno natural (CARRILLO GONZALEZ, 2014). En términos de seguridad, esa misma expansión ha expuesto a los habitantes de la región al fuego cruzado entre las partes en disputa (guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas del Estado), pasando ellos a ser también sindicados — cuando no condenados — como delincuentes involucrados con el delito de narcotráfico, por el hecho de ser cultivadores.

La extensión de la actividad ilícita igualmente ha traído cambios en los valores y hábitos de la población local. El consumo de drogas principalmente por los jóvenes — “en lugar de guacuco se come bazuco” (HERENCIA..., 2015) —, el incremento de la prostitución y el consumo de bebidas alcohólicas, la pérdida de interés por la música autóctona y otras manifestaciones culturales tradicionales (CAICEDO, 2012), el quebranto de valores anteriormente arraigados, como el alto sentido de solidaridad y ayuda mutua (WABGOU, 2008), entre otros, hacen parte de “esos malos cambios” que acabaron con la paz del “paraíso” (HERENCIA..., 2015).

En este contexto, irse “metiendo en un camino triste y oscuro” ( Ídem ), dejándose vislumbrar por los beneficios monetarios brindados por la producción de cultivos de uso ilícitos, es solo una ilusión que cautiva a “la gente que no piensa en un futuro” ( Ídem ), es decir, en los costos que acarrea, a mediano y largo plazo, la instauración regional de una economía ilícita íntimamente ligada al narcotráfico y al conflicto armando. Bajo esta lectura, recuperar la paz, el paraíso perdido, significaría recobrar la relación armónica históricamente construida entre la gente del Pacífico y su entorno natural de vida, retomar los hábitos y valores propios de la cultura primigenia, incluyendo los sistemas tradicionales de producción agrícola y pecuaria, sumado a reivindicar su estatus social original de campesinos-agricultores-pescadores y deshacer la imagen que los criminaliza y retrata como delincuentes insertos en la economía ilegal.

Con todo, es preciso tener en cuenta que la paz anhelada por el pueblo del Pacífico va más allá de liberarse del flagelo de la guerra. Poner fin a la confrontación armada y acabar con la economía que la sustenta, a pesar de ser un verdadero alivio, no es suficiente. Intervenir sobre otros tipos de violencia, tan dañinas como las anteriormente descritas, hace parte de alcanzar una paz integral y duradera. Situación que se acentúa en un país como Colombia, en donde el conflicto armado — principal detonante del desplazamiento forzado — y la producción de cultivos de uso ilícito, dada su directa correlación, se concentran en áreas en las que prima la marginalidad social, condición principalmente vinculada al abandono estatal.

En este escenario, superar integralmente el conflicto armado supone intervenir sobre las circunstancias que estructuralmente han favorecido la instalación en el Pacífico de los distintos grupos armados ilegales que, financiados con el negocio de la coca, hoy luchan por imponer su propia ley. Como se expondrá a continuación, en la vía descrita, la paz anhelada por la gente del Pacífico incluye contar con condiciones ascendentes de acceso al empleo suficiente y formal, a la educación de calidad para los jóvenes y niños, a un sistema de salud eficiente y a un gobierno libre de corrupción, entre lo más mencionado, deseos que van más allá del simple fin de la violencia armada.

La paz más allá del fin de la violencia armada

Definitivamente, mientras persistan las injusticias y la insatisfacción de las necesidades básicas entre los habitantes de un territorio, así haya culminado la agresión directa armada, allí no existirá la paz (JIMÉNEZ BAUTISTA, 2009) premisa que adquiere total sentido en la región Pacífico y que nortea este análisis. Bajo esta mirada, avanzar hacia la paz regional supondría trabajar en superar los obstáculos que hacen de esta zona una de las más pobres y deprimidas de Colombia. En este sentido, la paz deseada demandaría superar la pobreza allí experimentada, reflejada en condiciones de vida históricamente reportadas por debajo de las existentes en el resto del país. Consistiría en dejar atrás estas características como distintivas del Pacífico, realidades negativas a vencer, que afectan con superior intensidad a las poblaciones en mayoría integradas por habitantes afrodescendientes (GALVIS APONTE, MOYANO TÁMARA y ALBA FAJARDO, 2016) aquellos que esta vez exponen sus anhelos de paz.

Así, aunque la guerra sigue siendo un gran problema, este no es el único a enfrentar por los pobladores del Pacífico. Como menciona Tortosa (1994, p. 31), “construir la paz es también reducir la pobreza, pobreza generada por distintos tipos de violencia”, en donde la armada es solo una de ellas. De este modo, excluir a amplios sectores poblacionales del acceso a los bienes económicos y culturales ofrecidos por el sistema social también es una forma de violencia que afecta duramente la vida de individuos y familias (RODRÍGUEZ, 2004). Violencia sistémica producto de la marginación económica, la inequidad en la distribución de la riqueza nacional, la explotación de los trabajadores, el desempleo, la corrupción, la ineficiencia de las políticas públicas, la exclusión del acceso a la salud, la seguridad social y la vivienda (SANDOVAL FORERO, 2013), situación sobre la cual se pronuncia la gente del Pacífico:

Noticia de última hora/La cantante colombiana Shakira confirma su segundo embarazo/En otras noticias/Sam Pekerman ha sido ratificado como director técnico de la selección Colombia/En noticias internacionales/La cantante Britney Spears rompe con su novio.Extra, extra, extra/por ahí anda la banda divulgando todo/¿Qué es todo?/Todo lo usted no dice, todo lo que usted calla y todo lo que usted debe decir.Levante las pancartas para que todo el mundo las vea/que los medios se den cuenta de cómo hacemos la pelea/No somos ni terroristas ni mafiosos ni matones/solo metemos bombazos con el flow y las canciones/Una banda alternativa, musical, que piensa/que cuenta para el mundazo lo que no dice la prensa/La gente que me escucha sabe lo que estoy hablando/esto que yo estoy diciendo no me lo estoy inventado.Cómo es posible que en las zonitas rurales hay personas que se mueren por falta de hospitales/No hay doctores, enfermeras, medicamentos, salud/una educación muy pobre, con planta porque no hay luz/Uff/sabe que esto lo defiendo hasta el final, por todos los trabajadores en el puerto del Piñal/por las platoneras que toda su vida trabajaron y unas se mueren de viejas y nunca las pensionaron/Por todas las madres cabezas de hogar/por los profesores que, aunque no les paguen, deben enseñar/Por el reconocimiento cultural, por la tradición, por las parteras y mucho más/Mano arriba si quieres luchar, levanta tu frente en alto, que nadie te la va a bajar/Solamente tienes que representar y lo que no te gusta dilo, manos arriba…Solo levanta la mano/con eso el mundo va a saber el dolor de tu hermano/Solo levanta la mano…Levanta el puño si tu sientes lo que siento yo/ y forma parte de la gente que ya se cansó /de seguir viendo como el gobierno nos está utilizando (bis)Pues mucha gente nos pregunta que por qué seguimos haciendo rap y no reguetón/que el reguetón era el mejor camino para nosotros/Sabes por qué seguimos haciendo rap/porque me cansé de ser hipócrita con la verdad/¡Mira!/Tú quieres que sigua ignorando, que me haga el ciego/viendo cómo el gobierno, sus intereses van primero/Que la salud del pueblo, que el bienestar del pueblo y con lo poco que nos toca están formando imperios/Pues, no, a mí me duele lo que pasa, pero lo que más me duele es el silencio de las masas/Que aun sabiendo que se crean leyes para perjudicarnos, no alzamos la voz, que al contrario seguimos callando, hermano/Alza tu frente y mantén el puño arriba/reacciona, no dejes que tu futuro otros decidas/Porque de mi parte, así me traten como quieran, voy a seguir haciendo esto hasta que me muera.Es tanta la inocencia de mi gente que no entiende que si con poco te conformas, es porque poco te mereces/El primer ejemplo lo tienes de frente/donde un ministro filtra dineros a familias influyentes/dinero de campesinos decentes/por esta hazaña el tipo está preso y el presidente, ¿dónde está?/Justicia de mierda, justicia para la burguesía/en hospitales, haciendo largas filas, mueren todos los días/y si sobrevives tú, en la camilla mueres, porque la cirugía no la cubre el carné que tienes/Esto requiere más empleo, más educación, menos policías locos y más locos por la nación/Menos privatización de las universidades, menos racismo, men, más oportunidades/Más tolerancia y más respeto en la generación/ahora me entiendes por qué no hice reguetón.Levanta el puño si tú sientes lo que siento yo/ y forma parte de la gente que ya se cansó /de seguir viendo como el gobierno nos está utilizando (bis)Querida humanidad, esta carta fue escrita desde el fondo de nuestro corazón, impulsado por la igualdad de condiciones y por el olvido al que hemos sido sometidos. Hermanos, es el momento de alzar tu frente y levantar el puño, por una vida digna y equilibrada, libre de miedos e indiferencias. Este es un gesto más, música del barrio (LO QUE SIENTO..., 2015).

Precario acceso a los servicios públicos (educación, agua potable, energía eléctrica, salud y saneamiento básico), al sistema de pensiones y seguridad social, falta de empleo y prevalencia de racismo y corrupción, entre otras, son formas de violencia arriba denunciadas. Para los habitantes del Pacífico, derrotarlas, iniciando por alzar la voz en contra de su ocurrencia, es una forma de avanzar hacia la paz anhelada: “lo que no te gusta dilo”, “reacciona, no dejes que tu futuro lo decida otro”, “levanta tu frente en alto, que nadie te la va a bajar”, “levanta la mano” para que el mundo sepa “el dolor de tu hermano” ( Ídem ). Dolor muchas veces cubierto u opacado por el conflicto armado, que obligó a la gente del pacífico a centrarse en la defensa de la vida y de los derechos humanos, dejando de lado, hasta cierto punto, asuntos más estructurales como la pobreza, el abandono estatal y el racismo (ESPINOSA BONILLA, 2015), igualmente interpretables como obstáculos a la paz.

Falta de hospitales, ausencia de doctores y enfermeras, carencia de medicamentos y existencia de un frágil sistema de salud, entre lo explícitamente mencionado, son situaciones de violencia a superar en el Pacífico y otras regiones de Colombia. Como sostiene Mendoza Ramos (2015), dadas sus múltiples insuficiencias, el sistema nacional de salud hoy aún está lejos de convertirse en un instrumento de paz. Las carencias en calidad y cobertura hacen que el servicio deficientemente prestado se convierta en un tipo de violencia estructural cotidianamente padecida en el territorio nacional. “En hospitales, haciendo largas filas, mueren [personas] todos los días” (LO QUE SIENTO..., 2015) es un testimonio que ilustra lo expuesto y también vivido en el Pacífico. Circunstancia que, sumada a otras, habla de las trabas a la paz a rebasar.

Adicional a lo anterior, superar la prevalencia de una educación muy pobre es otro anhelo de avance hacia la paz en la región. Como registra Uribe (2017), el Pacífico muestra un rezago en cuanto al número promedio de años de educación alcanzados por sus pobladores en comparación con las otras regiones de Colombia. Contrastada con Bogotá, que logra un promedio educativo de 10,2 años, la región está por debajo de ese número en 3,7 años. En relación con los índices de analfabetismo, mientras Bogotá alcanza una tasa de 0,8%, la del Pacífico se eleva a 10,1%, índices que ilustran la situación actualmente vivida. En este contexto, la educación vista como medio de movilidad social no está cumpliendo su función. La baja escolaridad de sus habitantes, sumada a la existencia de un precario sistema educativo — “profesores que, aunque no les paguen, deben enseñar” (LO QUE SIENTO..., 2015) —, dificulta romper, vía escolarización, la transmisión intergeneracional de la pobreza, hecho que, de no ser intervenido, contribuiría a reproducir y perpetuar las condiciones de exclusión y marginalidad social hoy denunciadas.

“Esto requiere más empleo, más educación” ( Ídem ) es una afirmación que proyecta la anhelada paz. En una región donde el ingreso promedio, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2014 (DANE, 2015), apenas llega al 64% del promedio colombiano, donde el ingreso per cápita no consigue alcanzar el 50% del promedio nacional (AYALA GARCÍA, 2017), reforzar el aparato productivo e incrementar la ocupación laboral es una necesidad apremiante. En este contexto, forjar procesos de paz en el Pacífico significaría invertir en la región, crear industrias y (agro)empresas que generen empleo, calificar la fuerza de trabajo local, mejorar las vías de acceso para que agricultores y pescadores puedan movilizar sus productos a costos razonables, evitando así que tenga que incurrir la producción de cultivos de uso ilícito. Igualmente, eludir que “personas que trabajan toda la vida en el campo mueran de viejas sin nunca pensionarse” (LO QUE SIENTO..., 2015) implica, en términos de paz, avanzar en la formalización del trabajo. A mayor grado de formalidad, mayor la posibilidad de afiliación al sistema pensional. Situación crítica en Colombia donde únicamente el 10% de la población rural cotiza a pensiones y apenas el 0,6% está pensionada (MERCHÁN HERNÁNDEZ, 2015).

Incentivar la inversión, el empleo, la educación, la salud pública, la cobertura en servicios y la inclusión social en la región sería parte del avance hacia la paz deseada, acción que demanda la existencia de un fuerte soporte político e instituciones fortalecidas para su ejecución. No obstante, en el Pacífico, como lo narran sus gentes, hay un flagelo que lo dificulta: “tú quieres que siga ignorando, que me haga el ciego, viendo como el gobierno, sus intereses van primero” (LO QUE SIENTO..., 2015). Se trata de la corrupción, fenómeno que, junto con la inestabilidad política y la ausencia estatal, imponen grandes obstáculos al crecimiento, al desarrollo y a la paz en la región (AYALA GARCÍA, 2017).

Definitivamente, la corrupción, tema que resalta en la canción analizada — “que la salud del pueblo, que el bienestar del pueblo, y con lo poco que nos toca [los corruptos] están formando imperios” (LO QUE SIENTO..., 2015) — es uno de los principales impedimentos al desarrollo de una economía equitativa y prospera, a la paz integral, que dificulta que los sistemas de gobierno respondan consecuente y legítimamente a los requerimientos de los ciudadanos (PERRY y SAAVEDRA, 2018). Mientras haya corrupción, por más que existan y se inyecten recursos a la Región Pacífico, los niveles de inversión pública seguirán siendo limitados. En este caso, como menciona Tortosa (1994), que los recursos destinados a la lucha contra la pobreza no se inviertan también es una forma de violencia, asunto igualmente declarado por el pueblo del Pacífico:

El primer ejemplo lo tienes de frente, donde un ministro filtra dineros a familias influyentes, dinero de campesinos decentes, por esta hazaña el tipo está preso y el presidente, ¿dónde está? Justicia de mierda, justicia para la burguesía… (LO QUE SIENTO…, 2015).

Escándalos de corrupción recientes, como el denunciado en la canción, afectan cuantiosamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y privadas, así como la credibilidad en la justicia (PERRY y SAAVEDRA, 2018). Corrupción en la contratación, perversión en el acceso a cargos públicos sin cumplir los requisitos de ley, cobro de comisiones para obtener un empleo, desviación de los recursos destinados a salud, educación, inversión en infraestructura social y alimentación escolar, entre otros actos, se traducen en menor cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos puestos a disposición de las sociedades rurales del Pacífico.

En síntesis, como menciona Espinosa Bonilla (2015), las organizaciones afrocolombianas saben que, a pesar de su reconocimiento como comunidades étnicas diferenciadas, acreedoras de una serie de derechos especiales y cubiertas por una lista de políticas, programas y recursos específicos de inversión, la mayor parte de su población no ha mejorado significativamente en términos de indicadores socioeconómicos. Situación que revela la existencia histórica de una marginalización estructural que mantiene y ahonda la brecha existente entre la población afrocolombiana y el resto de la nación (COLOMBIA, 2009, p. 8; ESPINOSA BONILLA, 2014), circunstancia a superar en el avance hacia la paz.

En conclusión, en este escenario en que se funden la confrontación armada y olvido estatal, donde la presencia del Estado debería ir más allá del despliegue en la región de fuerza pública para combatir a los grupos armados ilegales — “esto requiere más empleo, más educación, menos policías locos y más locos por la nación” (LO QUE SIENTO..., 2015) —, la situación anhelada por la gente del Pacífico apuntaría a una paz integral y sostenible. Es decir, a una paz asociada al incremento continuo del bienestar individual y colectivo de sus gentes, que incluya el fin del conflicto armado, pero que no se limite a ello. Una paz que articuladamente incorpore las variables contenidas en los textos estudiados: empleo, educación, salud, seguridad social, oportunidades productivas, seguridad y soberanía alimentaria, democracia, autonomía territorial, conservación del medio natural de vida, silenciamiento de las armas, justicia y reparación a las víctimas del conflicto, respeto a lo multicultural y pluriétnico, reconocimiento de la ciudadanía plena y ausencia de racismo, corrupción e indiferencia.

Consideraciones finales

Oír la voz de la gente del Pacífico, en este caso registrada y reproducida en sus canciones, es otra forma de aproximarse su historia, presente y visión de futuro, momentos fuertemente ligados al conflicto armado y al deseo de una paz integral en la región y el país. Son voces que se levantan a manera de protesta, posicionando la oralidad como instrumento de denuncia social y articulación política, que valdría la pena seguir escuchando también en referencia a otras circunstancias. Como menciona las canciones estudiadas, alzar la voz, levantar el puño y dejar de callar son acciones reivindicativas, esta vez en torno al derecho a vivir en paz y actuar para desdibujar todo aquello que lo impide o retrasa.

Definitivamente, en tiempos de paz o de esperanzas de paz en Colombia, la posibilidad de dar pasos en dicha dirección parece más cercana en todas las regiones. Como se planteó al inicio, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, unido a lo pactado en el documento Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, FARC-EP Y PAÍSES GARANTES, 2016), permiten hoy pensar en ello.

Aludiendo a la problemática expuesta, en lo acordado en el punto “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral” ( Ídem ), restablecer los derechos a las víctimas de desplazamiento y despojo se asume como principio cardinal. Restituirles a las comunidades el derecho sobre sus tierras e incentivar el retorno de los campesinos al campo, brindándoles condiciones para que puedan hacerlo, son acciones acordes con los anhelos de paz. En este contexto, “poder regresar a la tierrita querida” (EL LLAMADO..., 2014) sería un deseo por cumplir bajo la protección y tutela del Estado, el cual, además de restituir las tierras, asumiría el compromiso de brindar acompañamiento técnico y financiero para que estas personas puedan reconstruir sus proyectos de vida. Crear, participativamente, estrategias de generación de ingresos, incluyendo propuestas destinadas a abandonar la producción de cultivos ilícitos, hace parte de lo pactado.

En relación con este último punto, lo convenido en el Acuerdo contempla superar las condiciones de pobreza que llevan a que las comunidades opten por producir principalmente hoja de coca. Iniciativa que concibe diseñar, ejecutar y evaluar programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, remplazándolos por cultivos legales u otras actividades económicas financiera, social y ambientalmente viables. En este caso, fortalecer la producción alimentaria y recuperar las áreas degradadas por los cultivos ilícitos son los lineamientos principales. Bajo esta esperanzadora perspectiva, volver a producir coco en vez de coca sería una posibilidad menos remota. Circunstancia en conjunto supeditada a deshacer el vínculo existente entre delincuencia organizada, control territorial y producción de cultivos ilícitos, ligazón aún sustentadora de la violencia y la confrontación armada en el Pacífico, pese a la desmovilización de las Farc.

Parte de la solución a este problema, como lo estima el Acuerdo (GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, FARC-EP y PAÍSES GARANTES, 2016), es fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios para promover el desarrollo integral y la satisfacción de los derechos ciudadanos, al reestablecer, de esta forma, el control territorial. En estos términos, garantizar seguridad, convivencia y resguardo de los derechos humanos, a la par de proveer servicios públicos, infraestructura social, educación, salud, nutrición, vías de comunicación y recreación, entre los principales bienes y servicios, sería la manera de avanzar hacia una paz integral y duradera. Concretar esta forma de presencia estatal, tarea en sí difícil dados los antecedentes de olvido estatal aquí mismo mostrados, constituiría la vía para recuperar el control allí ejercido por los grupos armados ilegales, al brindarles a sus habitantes horizontes de vida más allá de la guerra, la delincuencia y los cultivos de uso ilícitos. Sería una manera de integrar las regiones y los sectores sociales históricamente olvidados (campesinos, afrodescendientes, indígenas) a la institucionalidad estatal, la democracia, el bienestar social y el estado de derecho, aminorando las distancias entre centro y periferia, mas guardando siempre el debido respeto a la diversidad multicultural y pluriétnica.

Forjar dicho contexto de paz demanda instaurar una cultura política y democrática participativa, en el que la participación de las comunidades y la sociedad civil organizada permee u oriente la toma de decisiones acerca de su propio devenir. En este escenario idealizado, una gestión pública transparente, alejada de cualquier traza de clientelismo o corrupción, permitiría a cada localidad y territorio avanzar gradualmente hacia la paz con justicia y prosperidad social. Anhelo de la gente del Pacífico que solo sería posible a partir del establecimiento de un nuevo modelo de interacción entre gobernados y gobernantes, sociedad civil e instituciones públicas, basado en la transparencia, el seguimiento riguroso a la gestión pública y la planeación participativa. Deseo que demanda la existencia de un pueblo empoderado, educado, crítico y formado para la planeación de su propio destino, dispuesto a derribar las barreras políticas y de otras índoles que hoy le niegan la posibilidad de hacerlo.

Para finalizar, vale tener en cuenta que, estudios como el realizado permiten amplificar la voz de quienes teniéndola suelen ser poco escuchados. Escuchar lo que se vocea en las localidades y regiones, la realidad narrada hecha canción por sus mismos protagonistas, es una forma de aproximarse a sus propias versiones de los hechos. Relatos muchas veces tergiversados o minimizados por quienes comunican en medios comerciales lo que se vive o acontece en las regiones, priorizando la mirada y la interpretación de quien observa desde afuera el problema. Conservando la esperanza en el proceso de paz, se espera que, a futuro, lo contenido en las canciones que suenan y se cantan en el Pacífico colombiano trate sobre el conflicto superado, la reconciliación entre las partes en disputa y la alegría de estar viviendo allí.


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